Destacamos las disposiciones clave del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, que aborda medidas cruciales en relación con los incentivos a la contratación laboral y el fortalecimiento de la protección social para artistas.
El Artículo 4 de este decreto establece que estas oportunidades están diseñadas para priorizar a varios grupos, incluyendo: Personas de atención prioritaria inscritas como demandantes de empleo, aquellos cuyos contratos se convierten en indefinidos. Y quienes ven mejoradas sus condiciones al convertir contratos indefinidos a tiempo parcial en contratos indefinidos a tiempo completo o de contratos fijos discontinuos en contratos indefinidos ordinarios.
El Artículo 5 se centra en las personas beneficiarias de otros programas de empleo estable, incluyendo:
- Aquellos que necesitan conciliar trabajo y vida personal y son reemplazados en el trabajo.
- Personas que cambian de puesto debido a riesgos relacionados con el embarazo o la lactancia.
- Trabajadores afectados por enfermedades profesionales.
- Socios trabajadores en cooperativas y sociedades laborales.
Además, es fundamental señalar que en el Artículo 4 se establecen excepciones a la inscripción como demandantes de empleo, garantizando oportunidades laborales a personas en situaciones especiales, como:
- Mujeres víctimas de violencia de género, violencias sexuales o de trata de seres humanos, de explotación sexual o laboral.
- Mujeres en contexto de prostitución.
- Víctimas del terrorismo
- Personas trabajadoras con discapacidad.
- Personas en riesgo o situación de exclusión social que pasen a prestar sus servicios desde el mercado de trabajo protegido de los centros especiales de empleo, enclaves laborales o empresas de inserción al mercado de trabajo ordinario.
- Personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
- Demás personas destinatarias de la contratación laboral incentivada a las que se excepcione legal o reglamentariamente del requisito.Para garantizar que estas personas reciban el apoyo necesario, es esencial comprender el momento de acreditación de su condición de beneficiarias, según se establece en el Artículo 4.2. Esto se determina en bonificaciones por la fecha de alta o variación de datos, y en subvenciones por la fecha de celebración del contrato.Asimismo, es importante recordar que existe una exigencia formal clave, tal como se establece en el artículo 4.3: todos los contratos deben formalizarse utilizando el modelo oficial del SEPE. Esto garantiza que el proceso sea transparente y beneficioso tanto para los empleadores como para los empleados.
Las beneficiarias de estas medidas incluyen empresas y empleadores, personas trabajadoras autónomas, sociedades laborales y cooperativas por la incorporación de socias trabajadoras o de trabajo, así como entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro.
Es esencial tener en cuenta que ciertas entidades quedan excluidas de estas medidas, según el Artículo 7, que incluye a la Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas, Entidades que integran la Administración Local y Organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.
Finalmente, se destaca la importancia de cumplir con los requisitos esenciales establecidos en el Artículo 8, que incluyen no haber sido inhabilitado por condena penal para obtener subvenciones o beneficios fiscales, no haber sido excluido previamente de ayudas y subvenciones por sanciones según LISOS o la Ley General de Subvenciones, estar al corriente de las obligaciones tributarias y estar al día con las obligaciones en la Seguridad Social. También se destaca la necesidad de contar con un plan de igualdad cuando sea requerido.
Este Real Decreto-ley es un paso importante hacia la mejora de las oportunidades laborales y la protección social en España, y se espera que tenga un impacto positivo en diversas comunidades y sectores.
