En los últimos años, la Incapacidad Temporal ha dejado de ser únicamente una cuestión de gestión administrativa para convertirse en un asunto central dentro del debate sobre sostenibilidad del sistema público. El crecimiento del gasto —que ya supera los 16.500 millones de euros anuales— no responde solo a un aumento del número de procesos, sino a un cambio estructural en su patrón de utilización.
El último análisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal pone el foco en un fenómeno particularmente relevante: la reiteración. El porcentaje de beneficiarios que inician más de un proceso de baja en el mismo año ha pasado del 23% en 2017 al 31,8% en 2024. Este dato no es menor. Supone que prácticamente uno de cada tres trabajadores que accede a la prestación vuelve a hacerlo dentro del mismo ejercicio.
Este cambio obliga a replantear el enfoque tradicional de control. Históricamente, la supervisión se ha articulado en torno a la duración de las bajas, intensificando las revisiones en los procesos prolongados. Sin embargo, el informe propone un giro conceptual: desplazar el eje desde la duración hacia la frecuencia. Es decir, prestar especial atención a aquellos casos en los que se encadenan procesos dentro de un mismo año natural.
La recomendación no se limita a reforzar la inspección médica de forma genérica, sino que plantea la implantación de protocolos específicos y sistemas de alerta temprana. El objetivo sería activar la revisión desde el primer día de la segunda baja, utilizando el historial del trabajador como criterio de priorización. Se trata de incorporar herramientas de análisis predictivo que permitan identificar patrones recurrentes y actuar de manera anticipada, en lugar de reaccionar cuando el coste ya se ha consolidado.
El respaldo estadístico es contundente: haber estado de baja el año anterior incrementa de forma muy significativa la probabilidad de iniciar un nuevo proceso. Este hallazgo apunta a la existencia de dinámicas estructurales —médicas, organizativas o incluso culturales— que trascienden el episodio puntual de enfermedad.
Otro elemento que introduce matices relevantes es el diseño de los incentivos económicos. El estudio señala que en aquellos entornos donde los convenios colectivos garantizan el 100% del salario durante la baja, la probabilidad de iniciar un segundo proceso en el mismo año es superior respecto a los casos en los que existe una pérdida parcial de ingresos. Este dato no debe interpretarse de manera simplista, pero sí invita a reflexionar sobre cómo interactúan protección social, incentivos y comportamiento individual.
En definitiva, el debate ya no gira exclusivamente en torno al volumen de gasto, sino a la arquitectura del sistema. La transición desde un modelo reactivo a uno proactivo supone un cambio profundo en la forma de entender la gestión de la Incapacidad Temporal. La cuestión clave será encontrar el equilibrio entre reforzar los mecanismos de control y preservar el principio esencial de protección de la salud de los trabajadores, evitando cualquier estigmatización.
El desafío no es solo presupuestario. Es técnico, organizativo y, sobre todo, estratégico. Porque cuando uno de cada tres procesos presenta reiteración, el fenómeno deja de ser marginal y pasa a ser estructural. Y los problemas estructurales exigen respuestas igualmente estructurales.
