La concreción de las cláusulas estatutarias que contienen prestaciones accesorias consistentes en el cumplimiento de pactos parasociales

Las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) de 3 y 10 de junio de 2026 analizan cual ha de ser la determinación de una prestación accesoria contenida en los estatutos de una sociedad que obligan a los socios al cumplimiento de un pacto parasocial.

Tras diversos pronunciamientos acerca de los protocolos familiares (tipo concreto de pactos parasociales), la DGSJFP permite configurar como prestación accesoria el obligado cumplimiento de un pacto parasocial. Sin embargo, ha sido una cuestión controvertida, tanto en sede registral como judicial, la determinación o concreción de su contenido conforme al artículo 86.1 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

Supuesto de hecho y objeto del debate

En el supuesto que nos ocupa, dos sociedades de responsabilidad limitada incluyeron en sus estatutos sociales un artículo denominado “prestación accesoria”, mediante el cual, se imponía a la totalidad de los socios la obligación gratuita de suscribir y cumplir fielmente un Pacto de Socios contenido en una escritura pública otorgada ante Notario, y su incumplimiento, voluntario o involuntario, permitiría la exclusión del socio.

Lo más relevante no es la inclusión de un pacto parasocial en una prestación accesoria, sino la ausencia de concreción del Pacto de Socios en la propia cláusula estatutaria, que se remite directamente a una escritura notarial.

La postura del registrador

En ambos casos, el Registrador Mercantil, denegó la inscripción del artículo de los estatutos sociales que contenía la prestación accesoria sobre la base de la ausencia de concreción y determinación del contenido de la prestación, conforme a los artículos 86.1 LSC y 187.1 del Reglamento de Registro Mercantil, y alineándose con la Sentencia 64/2025, de 28 de julio, del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Sevilla. Para él, el contenido debe recogerse íntegramente en los estatutos, sin que baste la mera referencia a la escritura, pues se estaría infringiendo el principio de legalidad (artículo 18 del Código de Comercio) y el de publicidad (artículo 23 del Código de Comercio).

Denuncia el registrador una “trampa argumental” que atenta directamente contra quienes pretenden convertirse en socios, pues no podrán conocer la prestación hasta que adquieran las participaciones, y deberán acreditar ante el notario un interés legítimo.

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El criterio de la DGSJFP

La Dirección General, en ambos casos, estima el recurso y revoca la calificación, coincidiendo con otras resoluciones anteriores.

La DGSJFP comparte que debe existir un especial rigor en la determinación del contenido, pero difiere en la interpretación del artículo 86.1 LSC: resulta admisible no solo “una absoluta y total concreción o determinación inicial”, sino también “una determinación primaria o mediata”, siempre que estén “ya establecidos o señalados los criterios con arreglo a los cuales tal determinación deberá producirse”. Se apoya en el artículo 1273 del Código Civil, por el cual no se precisa un nuevo convenio entre las partes para concretar el contenido. Así, considera correcta la técnica empleada, pues la obligación “está perfectamente identificada mediante su formalización en la escritura pública que se reseña” y su contenido es “estatutariamente determinable”, de modo que el régimen extraestatutario complementa al estatutario.

En lo que respecta a la legitimidad y al acceso de terceros a la sociedad, entiende que no se vulnera el principio de publicidad ni ningún derecho de información, pues el acceso a la sociedad es materia reservada a la autonomía de la voluntad de los socios al exigirse autorización de la sociedad ex artículo 88 LSC. Basta con que el contenido sea cognoscible para los socios actuales y para quienes, con autorización, ingresen en el futuro.

Ambas resoluciones rebaten los argumentos del registrador acudiendo a dos lógicas evidentes. Por un lado, el artículo 86 LSC no obliga a transcribir en los estatutos el contenido íntegro de un contrato o relación obligatoria (como uno laboral o hipotecario), bastando que esté suficientemente identificado. Por otro lado, exigir publicidad de un pacto parasocial va contra su propia naturaleza, al ser un pacto privado.

Conclusión

Las Resoluciones de 3 y 10 de junio de 2026 despejan, por ahora, la duda registral sobre la concreción de las prestaciones accesorias que consisten en cumplir un pacto parasocial. Basta con que la cláusula estatutaria identifique el pacto mediante la reseña de la escritura pública que lo contiene (notario, fecha y número de protocolo), sin que sea exigible su transcripción ni su depósito en el Registro Mercantil. La Dirección General exige que el contenido sea determinable sin nuevo convenio entre las partes, pero no obliga a la concreción directa e inmediata sugerida por el Registrador Mercantil. En ningún caso, debe entenderse que se limite en alguna forma el acceso de terceros a la sociedad.

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