Cláusulas de limitación de responsabilidad: ¿qué cambia para empresas y aseguradoras tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo n.º 949/2026?

Las cláusulas de limitación de responsabilidad son habituales en los contratos entre empresas y profesionales. Permiten pactar de antemano hasta qué importe responderá quien presta el servicio si algo sale mal o cuánto tiempo tendrá el cliente para reclamar. Despachos de abogados, consultoras, auditoras, ingenierías y proveedores tecnológicos suelen incluirlas en sus hojas de encargo y contratos marco.

Para el sector asegurador, estas cláusulas tienen especial importancia. Cuando el profesional cuenta con un seguro de responsabilidad civil, el perjudicado puede reclamar directamente a la aseguradora mediante la acción directa del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro. Ante un siniestro, la validez del tope pactado en el contrato de servicios puede determinar cuánto debe indemnizar el profesional y, dentro de los límites de la póliza, cuánto debe asumir la aseguradora.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) n.º 949/2026, de 18 de junio (ECLI:ES:TS:2026:2767), muestra hasta dónde llega la libertad de pactar estos límites. En un litigio por la actuación de un abogado en una subasta judicial, el Tribunal consideró válido el plazo de un año para reclamar y declaró nulo el tope indemnizatorio vinculado a los honorarios. Para valorar ese tope, examinó quién podía fijar su importe, qué conductas abarcaba y qué efecto tenía sobre el equilibrio del contrato.

I.- Qué ha resuelto el Tribunal Supremo sobre los límites a la responsabilidad

El asunto enfrentaba a una fundación con el despacho de abogados al que había encargado intervenir en la subasta judicial de un edificio del que ya era copropietaria en más de un 91 %. El letrado tenía instrucciones del patronato de pujar hasta 6.996.396,97 €, pero dejó de pujar y el inmueble se adjudicó al otro copropietario por 6.172.000 €. Los tribunales de instancia apreciaron un incumplimiento del encargo y fijaron el daño en 523.688,83 €, condenando solidariamente al abogado, al despacho y a las aseguradoras de responsabilidad civil en sus respectivos porcentajes.

El contrato marco de servicios firmado entre las partes incluía dos restricciones. La primera exigía reclamar durante el año siguiente a la terminación del trabajo. La segunda limitaba la indemnización a los honorarios percibidos por la parte del servicio que hubiera dado lugar a la responsabilidad. El Supremo examinó por separado cada restricción:

• Una cláusula negociada no queda fuera del control judicial. Aunque el contrato no sea de adhesión ni se haya celebrado con consumidores, el juez puede examinar si el pacto respeta la ley, la buena fe, la lealtad contractual y la prohibición del abuso de derecho, incluida la frustración del fin del contrato o una alteración injustificada y desproporcionada del equilibrio contractual.
• El burofax presentado a tiempo bastó para cumplir la cláusula. El contrato exigía reclamar dentro del año, sin especificar que hubiera que presentar una demanda. Por eso, el Supremo entendió que la reclamación extrajudicial de la fundación satisfizo lo pactado: la cuestión decisiva era si se había reclamado a tiempo por alguna de las vías que admitía la cláusula.
• El límite temporal es válido. Un plazo de un año desde la terminación del trabajo se considera razonable y no vacía de contenido el derecho del cliente a reclamar.
• El límite alcanzaba incluso a los incumplimientos dolosos. La cláusula se aplicaba con independencia de la conducta que hubiera causado el daño, de modo que su redacción permitía invocar el tope incluso ante un incumplimiento deliberado. Ello choca con el artículo 1102 del Código Civil, que declara nula la renuncia a exigir la responsabilidad procedente del dolo. Por eso, el Supremo consideró que extender el tope a los incumplimientos dolosos era uno de los motivos para declarar nula la cláusula.
• El resultado desvirtuaba la protección que ofrecía el contrato. Aplicar el límite habría reducido la indemnización de 523.688,83 euros a 4.185 euros, alrededor del 0,80 % del daño cuantificado. El Tribunal valoró esa diferencia junto con la relevancia y la complejidad técnica de los servicios asumidos. En esas circunstancias, el tope podía alterar sustancialmente el equilibrio del contrato y vaciar de contenido la posibilidad de obtener una reparación efectiva.

El Supremo desestimó el recurso del despacho. Confirmó así la ineficacia del tope y dejó en pie la condena indemnizatoria, que alcanzaba también a las aseguradoras en los términos fijados en la instancia, con el reparto de la indemnización entre ellas y la aplicación de las correspondientes franquicias. Para futuros contratos, la sentencia invita a examinar cómo se calcula el límite, quién puede influir en su importe y qué efecto tendría ante un incumplimiento de especial gravedad.

II.- Implicaciones prácticas para empresas y aseguradoras

La cláusula anulada figuraba en el contrato de servicios profesionales. En la póliza, el análisis es distinto. La Ley de Contrato de Seguro permite que la cobertura de responsabilidad civil opere dentro de los límites legales y contractuales.

Además, su artículo 3 exige que las cláusulas que limitan los derechos del asegurado se destaquen de modo especial y se acepten específicamente por escrito. Para saber si se aplica esa exigencia, hay que distinguir entre las cláusulas que definen el riesgo cubierto y las que restringen el derecho del asegurado una vez producido un siniestro comprendido en la cobertura. Importan el contenido y el efecto de la cláusula en el conjunto de la póliza.

En la práctica, la sentencia tiene interés en tres situaciones habituales.

• Al contratar un servicio profesional. Si el encargo puede tener consecuencias económicas importantes, conviene comprobar qué importe resultaría del tope en distintos escenarios. Un límite referido a los honorarios de una tarea concreta puede ser mucho menor de lo esperado. También interesa precisar cuándo termina el encargo, qué debe contener la reclamación y cómo se puede acreditar su recepción.
• Al contratar o renovar el seguro. Para la empresa asegurada, resulta útil contrastar la responsabilidad que asume frente a sus clientes con la suma asegurada, las franquicias y las condiciones temporales de la póliza. Para la aseguradora, una limitación incluida en el contrato del asegurado puede influir en la valoración del riesgo. Si el tope resulta ineficaz, la responsabilidad del profesional puede superar la estimada inicialmente y habrá que determinar qué parte queda cubierta con arreglo a la póliza y a la ley.
• Cuando ya existe una reclamación. Conviene revisar desde el primer momento el contrato, la póliza y las comunicaciones intercambiadas. Un burofax que cumpla el plazo del contrato de servicios y la comunicación del siniestro a la aseguradora cumplen funciones distintas. Cuando el perjudicado ejercita la acción directa del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro, también hay que analizar qué defensas puede oponerle la aseguradora y cuál es el alcance de la cobertura.

III.- Conclusión

En un mismo siniestro pueden discutirse el importe del daño, la eficacia del tope contractual y el alcance de la cobertura. Ordenar esas cuestiones desde el inicio permite valorar con mayor precisión cuánto puede reclamarse, frente a quién y con qué documentación.

Por ello, si a tu empresa le han opuesto un límite de responsabilidad para reducir una indemnización, si has recibido una reclamación por un servicio profesional o si necesitas valorar la cobertura de un siniestro, puedes contactar con el equipo de litigación civil y mercantil de Ayuela Jiménez. Podemos revisar el contrato, la póliza y las comunicaciones para determinar qué límites pueden aplicarse en tu caso y ayudarte a plantear una reclamación, defenderte frente a ella o negociar una solución.